Discurso de presentación de Rafael Escuredo al doctorado Honoris Causa por la Universidad de Almería realizado por Juan Cano Bueso, Catedráitco de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería.

La concesión de un doctorado Honoris Causa es, con toda seguridad, uno de los actos más solemnes que la Universidad celebra  ocasionalmente. Para el otorgamiento correspondiente deben cumplirse los protocolos exigidos y, obviamente, que los órganos competentes de la Universidad lo aprueben en virtud de los méritos que concurren en el aspirante propuesto. Corresponde, en fin, a un profesor de esa Universidad presentar en acto público la personalidad y la obra de quién se doctora y hacerlo con la debida objetividad. Agradezco la oportunidad que a tal efecto se me confiere desde el deseo de que la vieja y compacta amistad que me une al Doctorando no perturbe la imparcialidad ante los hechos que a continuación expondré.
 
Mi papel se contrae, por tanto, a enumerar algunos de los muchos méritos que el doctorando posee y solicitaré a continuación para él la concesión del grado de Doctor Honoris Causa. Créanme si les digo que no es fácil sintetizar una vida tan plena y dilatada como la del Excmo. Sr. D. Rafael Escuredo Rodríguez: Presidente de la Junta de Andalucía entre los años 1982 a 1984. Presidente del Ente Preautonómico andaluz entre los años 1979 a 1982, Consejero permanente del Consejo Consultivo de Andalucía desde 2005 a 2009, Consejero electivo del mismo Órgano desde 2011, abogado ilustre, miembro del consejo de administración de importantes corporaciones industriales, presidente o miembro de patronatos de distintas fundaciones económicas, sociales o culturales, escritor de éxito que cuenta en su haber con 6 novelas publicadas, conferenciante brillante, Presidente de Honor del Consejo Asesor de la Cátedra que lleva su nombre en esta Universidad y otros cargos y distinciones que sería demasiado prolijo enumerar.
 
D. Rafael Escuredo, Sras. y Srs. es un humanista admirado y reconocido en España y fuera de ella. Pero sobre este conjunto de actividades, reconocimientos y méritos que el doctorando acredita, acaso destaque sobremanera su condición de hombre público. Un dirigente ejemplar que ha defendido, sobre todo, los intereses generales de Andalucía. Un político cuya tarea de gobierno ha sido determinante para el establecimiento de una concreta interpretación de la Constitución territorial de España en clave de igualdad y solidaridad. Un hombre público que ha efectuado desde Andalucía una extraordinaria aportación al Derecho Constitucional vigente, no prevista en la letra de la Constitución, y que ha contribuido de una manera importante al desarrollo político de España y a la convivencia pacífica entre todos los españoles.
 
Y, aunque sea cierto que el protagonismo de tamaño evento –como gusta siempre decir al Presidente Escuredo- correspondió al pueblo andaluz, no es menos cierto que la reciente historiografía ha convenido, por unanimidad, en señalar a Rafael Escuredo como el actor imprescindible de una forma de entender la Constitución territorial de España. Dejaré para la parte final de mi exposición los argumentos que avalan esta afirmación. Procede, con carácter previo, efectuar una breve semblanza personal así como contextualizar algunos de los avatares históricos que protagonizó la personalidad para quien hoy solicito su investidura como Doctor Honoris Causa.
 
Permítanme que les diga que, personalmente, no creo en  los hombres providenciales. Entre otras razones, porque los postulados de esta concepción metahistórica nos conducen directamente a la alabanza del caudillaje. Tampoco me seducen los simples gestores políticos; ellos son necesarios para la optimización del gasto y para la buena administración de los recursos públicos, que no es poco, pero no entusiasman ni ilusionan porque su papel no es abrir caminos. Confío, más bien, en el liderazgo; el líder, cuando lo es, sabe ponerse al frente de una concreta situación histórica e interpretar las aspiraciones de un pueblo en su lucha por la libertad y la dignidad.
 
Encontrar un líder en España no es tarea fácil. Quizá lo fuese Manuel Azaña, pero su indudable talento intelectual no contó con la determinación política necesaria ni con un contexto histórico favorable. Lo fue, sin duda, Felipe González, el gran artífice de la modernización de la España democrática y social, a quien la historia, seguramente, aun no ha hecho del todo justicia. Sin embargo, es ya común opinión, tanto académica como popular, reconocer que  el devenir reciente de Andalucía no se puede comprender sin la personalidad intensa, extensa y brillante del Presidente Escuredo.
 
Nacido en plena postguerra en una familia de clase media, este estepeño de origen y andaluz universal de vocación, encabezó la rebelión democrática para la consecución del autogobierno andaluz en el marco de la Constitución. Para ello recorrió cada rincón de Andalucía sin más armas que la palabra, protagonizó la rebelión pacífica, la huelga de hambre y la eclosión del 28 de febrero, resistió los embates de la inercia centralista y personificó la dignidad de los andaluces en aras de, como pueblo, no ser más que nadie pero tampoco menos que los demás.
 
Es Rafael Escuredo un socialdemócrata ilustrado que estudió Derecho en la Universidad de Sevilla. Consciente de la lucha antifranquista que impregnaba a ciertas élites universitarias, en la Facultad de Derecho Hispalense compaginó los estudios jurídicos con  una decidida y firme vocación política. Allí fue delegado de curso, delegado de Facultad, delegado de Distrito y Profesor Ayudante de Derecho del Trabajo, para terminar afiliándose tempranamente al PSOE y a la UGT en el año 1965.  Su inquietud profesional y su vocación social le conducen  a integrarse como abogado en un despacho laboralista pionero junto a Felipe González y  Ana María Ruiz Tagle, su compañera de tantos años.
 
Por esa época se sucedían notables transformaciones culturales y profundos replanteamientos de los viejos tópicos del poder establecido. Mientras el Régimen de Franco aprobaba la Ley Orgánica del Estado para intentar sobrevivirse a sí mismo, fuera de nuestras fronteras se estaban produciendo importantes acontecimientos de contestación social: El mayo del 68 en Francia, el otoño caliente en Italia, la primavera de Praga en Checoslovaquia, la `Ostpolitik´ en Alemania  o las manifestaciones contra la Guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Todo ello contrastaba con la parsimonia inmovilista del Estado español. Era, pues, el momento de pasar a la acción en defensa de los derechos de los trabajadores y de los demócratas andaluces y españoles.
 
Por estos mismos años Rafael Escuredo viaja por Europa como delegado del Partido Socialista Obrero Español, a la vez que se integra en la redacción de `El Socialista´. También representa a su Partido en la “Plataforma de Coordinación Democrática”, un ente unitario aglutinante de la oposición política, que postula la ruptura con el régimen de Franco y la apertura de un proceso constituyente que dote a los españoles de una Constitución propia de un Estado social y democrático de Derecho.
 
En diciembre de 1976 se van a producir dos acontecimientos importantes para la reciente historia española: el referéndum de aprobación de la Ley para la Reforma Política y el primer congreso socialista que, de manera tolerada, se celebra en España desde la II República. En él Rafael Escuredo participará como delegado por Sevilla.  Los hechos que suceden a continuación son sobradamente conocidos: el proceso de reforma política iniciará la transición de la dictadura a la democracia, supondrá el paso atrás de la clase política franquista y conducirá a la convocatoria de las elecciones democráticas de 15 de junio de 1977.
 
El antiguo dirigente estudiantil, ahora abogado comprometido en la lucha por los derechos laborales, es elegido diputado constituyente por la circunscripción de Sevilla, a la vez que nombrado miembro de la Mesa del Congreso y Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. Tomando ya posiciones para lo que vendría después, los 91 diputados y senadores elegidos en Andalucía se agruparon en la Asamblea de Parlamentarios que se constituyó en Sevilla el 12 de octubre de 1977. La intención de esta Asamblea no era otra que conseguir la autonomía para Andalucía, a cuyos efectos se convocó a todos los andaluces  a manifestarse el 4 de diciembre en todas las capitales de provincia.
 
La presión ejercida por la ciudadanía y por la propia Asamblea de Parlamentarios llevó al Gobierno del Presidente Suárez a dictar el Real-Decreto Ley 11/1978, de 27 de abril, por el que se instituía la organización preautonómica y se creaba la Junta de Andalucía  como incipiente órgano de autogobierno. Ésta quedaba compuesta por un Presidente y por dos órganos colegiados: el Pleno y el Consejo Permanente. Constituida en Cádiz el 27 de mayo de 1978, el Pleno procedió a elegir Presidente al senador socialista Plácido Fernández Viagas. En este incipiente Gobierno Rafael Escuredo fue nombrado Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, cargo que compatibilizó con la portavocía en el Consejo Permanente de la Junta de Andalucía.
 
 El mes de diciembre de 1978, fecha en que se suscribió el Pacto de Antequera, se aprobó la Constitución Española. En ella no se prefiguraba  mapa autonómico alguno. Siguiendo la estela de la Constitución republicana de 1931, la autonomía quedaba configurada como un derecho de las nacionalidades y regiones. Sin embargo, en la mente del constituyente no estaba la generalización del mapa autonómico. De hecho, en el momento de redactar la Constitución, la cuestión territorial no había alcanzado en modo alguno el consenso. El balance final de estas divergencias quedó confusamente plasmado en la suprema morma. En ella se establecían unas vías distintas de acceso al autogobierno cuyo resultado final era una extraordinaria asimetría en la profundidad y alcance de la autonomía conseguida.  Las llamadas “Comunidades históricas” accedían inmediatamente al autogobierno con un alto techo de competencias y un Parlamento con capacidad legislativa garantizada por la Constitución. En cambio, el acceso  por la vía común no gozaba de esta naturaleza política y veía sensiblemente mermado su haz de competencias. 
 
La decisión de optar por una u otra vía no se planteó en términos técnicos sino puramente políticos y Andalucía no estaba dispuesta a ser relegada en la nueva distribución del poder que la Constitución propiciaba. El 1 de marzo de 1979 Rafael Escuredo vuelve a ser elegido diputado por la Provincia de Sevilla y un mes más tarde es designado candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Pocos días después, concretamente el 2 de junio, en la Diputación de Sevilla tiene lugar el acto de constitución de la Junta, siendo elegido Presidente Rafael Escuredo.
 
Impulsada por la voluntad política del nuevo Presidente, la Junta de Andalucía surgida de las elecciones generales de 1979 iba a adoptar en Granada, el 21 de junio del mismo año, la importante decisión de caminar hacia el autogobierno por la vía del art. 151 de la Constitución. Para ello era necesario que lo aprobasen las Diputaciones afectadas y las tres cuartas partes de los municipios de las Provincias que representasen, al menos, la mayoría del censo electoral en cada una de ellas, y, además, que dicha iniciativa fuese ratificada en referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada Provincia. 
 
Para finales de agosto todas las diputaciones y más del 95% de los municipios habían adoptado el acuerdo de caminar hacia el autogobierno por la vía del art. 151 de la Constitución. La primera etapa estaba cubierta. Por las mismas fechas, una comisión integrada por representantes de PSOE, UCD, PCE y PSA había redactado en Carmona un primer borrador de Estatuto de Autonomía. El Presidente Escuredo, en una frenética campaña de explicación y movilización, había recorrido exhaustivamente el territorio andaluz y dialogado hasta la extenuación con las instituciones centrales del Estado. Incluida la propia Corona, a quien en  audiencia concedida por el Rey Juan Carlos  había expuesto que “el pueblo andaluz ni solicita privilegio, ni los admitirá para otros”.
 
 La segunda etapa de la lucha por el autogobierno era más difícil de cumplimentar. Recuérdese que el art. 151 de la Constitución exigía, además, la ratificación de la iniciativa autonómica mediante referéndum favorable aprobado por la mayoría absoluta de los electores de cada Provincia. Llamaba, pues, la atención el contraste entre la facilidad de acceso al autogobierno para las <>, frente a las duras exigencias de la vía del art. 151 que parecía  redactada para que ningún territorio pudiese utilizarla. Ni que decir tiene que la exigencia de la mayoría del censo en cada una de las provincias hacía que los votos en blanco y las abstenciones computasen contra la iniciativa autonómica, lo que unido al pésimo estado de actualización del censo volvía extremadamente difícil la superación del requisito constitucional. A ello había que añadir la posibilidad de que cualquier provincia no superase el listón y quedase descolgada de la iniciativa, lo que planteaba un problema adicional de paralización y bloqueo, de acuerdo con la recién aprobada Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de Referéndum.
 
La insistente presión del Presidente Escuredo y su determinación a favor de la autonomía plena para Andalucía propiciaron el pacto con el Presidente Suárez que llevó a la convocatoria del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica para el 28 de febrero de 1980.  Sin embargo, ahí terminó el cumplimiento del pacto por parte del Gobierno. La misma determinación que mostraba el Presidente Escuredo a favor de la autonomía plena la exhibía el Presidente Suárez y su partido a la hora de propiciar el fracaso  de la consulta. La campaña electoral se limitó a 15 días (frente a los 21 días de que habían dispuesto en el País Vasco y en Cataluña), la publicidad electoral se convirtió en propaganda contra el referéndum, el aparato central del Estado (Ministerios, Gobiernos Civiles, algunas Diputaciones Provinciales, etc.) se empleó a fondo contra el Gobierno preautonómico, los empresarios hicieron una campaña denigrante de la autonomía y se redactó para la consulta, en fin, una críptica pregunta, incomprensible para la mayoría de los ciudadanos, carente de cualquier referencia al objeto (la autonomía plena) y al sujeto (Andalucía).
 
 El escrutinio mostró a las claras una respuesta política impresionante: cerca de dos millones y medio de andaluces (el 55’8% del censo electoral) votaron a favor de la ratificación de la iniciativa autonómica. Sin embargo, si políticamente el 28F fue un éxito de las fuerzas autonomistas, jurídicamente el proceso encallaba en Almería por una conjunción de circunstancias desgraciadas. Al final, una modificación de la Ley de Referéndum propició que los diputados y senadores electos por Almería pudieran solicitar la sustitución de la iniciativa en la Provincia y su aprobación  mediante ley orgánica.
 
De esta manera Andalucía conseguía superar los difíciles obstáculos que planteaba la Constitución y se encaminaba a la elaboración y aprobación de un Estatuto de Autonomía equiparable al de las llamadas <>. La obtención de un cierto consenso despejó el posterior camino. Se procedió a la elaboración de otro texto, aprobado de nuevo en Carmona el 28 de febrero de 1981, y se eligió la delegación encargada de negociar el Proyecto de Estatuto con la Comisión Constitucional del Congreso. Tras su tramitación en las Cortes, el Proyecto pactado fue sometido a referéndum y aprobado en todas las provincias el 20 de octubre de 1981, ratificado por las Cortes, sancionado por el Rey y publicado como Estatuto de Autonomía para Andalucía en el BOE el 11 de enero de 1982.
 
 La aprobación del Estatuto propició la celebración de las primeras elecciones autonómicas el 23 de mayo de 1982. En ellas, el PSOE obtuvo una amplia mayoría absoluta (66 escaños sobre 109) y Rafael Escuredo fue elegido Presidente de la Junta de Andalucía. Con su elección se culminó un proceso institucional que devolvió la dignidad al pueblo andaluz, ese pueblo que no quiso nunca ser más que nadie pero tampoco menos que ninguno. Liderada por este Hijo Predilecto de Estepa e Hijo Predilecto de Andalucía, nuestra región, ahora ya Comunidad Autónoma y nacionalidad histórica, había conseguido en la calle lo que el centralismo conservador le negaba: el máximo techo competencial y el armazón institucional de naturaleza política permitido por la Constitución .
 
Sr. Rector, Sras. y Srs.: Nadie como Rafael Escuredo supo personificar la rebelión ciudadana que el pueblo andaluz protagonizó el 28 de febrero de  1980. Desde esa fecha hasta hoy, la doctrina del Derecho Público español viene conviniendo en la trascendencia que Andalucía tuvo para impedir un desafuero histórico consistente en descentralizar la periferia manteniendo la dependencia administrativa para el resto de los territorios de España. Andalucía impidió la consolidación de la desigualdad territorial entre <> y <> y, al combatir la asimetría territorial, propugnó la lectura constitucional en clave de igualdad y generalidad del proceso autonómico, que se despejaría a partir de los Pactos Autonómicos de 1981 y 1992.
 
Visto en la perspectiva histórica es de justicia decir que Rafael Escuredo, como Martin Luther King, también tuvo un sueño. Y ese sueño se había visto ya cumplido en el momento de su adiós el 16 de febrero de 1984.  La postura ideal para decir adiós quizás sea el silencio. Y esa es la forma que eligió Rafael Escuredo para retirarse del primer plano de la vida pública. La dimisión del Presidente Escuredo, tan temprana, produjo un hueco imposible de llenar. Y, desde ese día, todos quienes le seguimos nos sentimos un poco más huérfanos. Con su marcha, la Política perdió a uno de los andaluces imprescindibles. Y hoy Rafael Escuredo, jurista, asesor, escritor y ciudadano  ha entrado con pleno derecho en los libros de historia. La memoria colectiva le sigue recordando como la referencia máxima de la esperanza para el pueblo andaluz.                                          
                                     
Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración, y encarecidamente ruego, que se otorgue y confiera al Excmo. Sr. D. Rafael Escuredo Rodríguez el supremo grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Almería.